“El ciudadano común, acosado por las apelaciones partidistas para que dé su opinión pública, pronto veremos, tal vez, que estos recursos no son un elogio a su inteligencia, sino una imposición a su buen carácter y un insulto a su sentido de la evidencia.”

La apelación partidista

Lippmann observa que la constante exigencia de que la gente exprese su opinión pública suele funcionar menos como un reconocimiento de su juicio y más como una carga moral. Cuando los partidos presionan por declaraciones inmediatas, transforman la participación en un acto performativo: la respuesta requerida no siempre se funda en hechos, sino en lealtades y atajos cognitivos, lo que termina por despreciar el valor de la evidencia y afectar el carácter ciudadano.

Consecuencias para la ciudadanía

El diagnóstico remite al debate sobre encuestas, prensa y propaganda que Lippmann sostuvo en Public Opinion: la agregación de voces no garantiza veracidad ni calidad deliberativa. La implicación es política y práctica: conviene diseñar instituciones que reduzcan la teatralidad de la opinión pública, promuevan información contrastada y permitan que la deliberación sea una práctica sostenida, no una exigencia instantánea que confunde voluntad con conocimiento.