Libertad de conciencia y pluralismo

Defiende que la fe y la convicción íntima deben quedar fuera del juego de la coacción; imponer creencias por medios violentos, legales o sociales anula la autenticidad del creer y fractura la convivencia. La postura subraya la necesidad de proteger la libertad de conciencia como derecho público, porque sin ella la diversidad religiosa se convierte en pretexto para exclusión y violencia. Además, implica reconocer la gestión democrática de la diferencia como condición mínima para la convivencia.

Contexto y consecuencias públicas

Dicha afirmación surge desde la experiencia de Shirin Ebadi, abogada y defensora de derechos humanos en un contexto donde la religión y el poder se entrelazan, y por eso adquiere un sentido práctico: exige reformas jurídicas, educación cívica y límites claros al uso de la fe como herramienta política. También reclama la neutralidad del Estado y la protección de espacios públicos seguros para minorías; sin esas garantías, la presión social y las normas estatales pueden convertir la religión en instrumento de dominación.