Origen y propósito histórico

William Blackstone, jurista inglés del siglo XVIII, formuló una máxima que prioriza la protección del inocente frente a la castigo erróneo. Su propuesta sostiene la importancia de la presunción de inocencia y del estándar probatorio más allá de toda duda razonable, entendidos como salvaguardas de la libertad individual. En el contexto de sus Comentarios sobre las Leyes de Inglaterra, la frase apuntaba a frenar la tentación punitiva del Estado y a preservar procedimientos que eviten condenas por error.

Dilemas e implicaciones prácticas

Aceptar esa orientación implica tolerar cierta impunidad para reducir errores judiciales graves, pero también plantea costos sociales: víctimas desprotegidas y posibles incentivaciones a la delincuencia. En la política criminal moderna aparece la tensión entre eficacia y garantías procesales; cada cambio en la carga de la prueba o en las medidas de prevención desplaza ese equilibrio. Como principio ético y procedural, la fórmula obliga a decidir qué tipo de fallos la sociedad está dispuesta a soportar para defender la libertad de quien puede ser inocente.