Sobre la distinción terminológica

La afirmación subraya que, históricamente, se hacía una diferencia deliberada entre república y democracia: la primera ligada a instituciones representativas, controles y equilibrios y a la protección de derechos individuales frente a la voluntad mayoritaria; la segunda remite a la soberanía directa del pueblo. El autor evoca una memoria política en la que esa precisión terminológica guiaba el diseño institucional y las prácticas públicas, leyendo la Constitución como un marco pensado para limitar impulsos mayoritarios y preservar estabilidad.

Implicaciones políticas y morales

Dicho juicio aparece en el contexto conservador de su autor, fundador de la John Birch Society, y puede leerse como defensa del orden constitucional frente a cambios populares rápidos. Al mismo tiempo, invocar que “no somos una democracia” puede servir tanto para proteger minorías como para justificar exclusión o eliteísmo. La lección práctica es que la tensión entre legitimidad popular y límites constitucionales exige vigilancia: proteger procedimientos sin deslegitimar la participación ciudadana.