Consentimiento como fundamento de la autoridad

Afirmar que el derecho a gobernar nace de una concesión expresa coloca el consentimiento en el centro de la legitimidad política. La frase subraya que la autoridad no brota por fuerza o tradición, sino por una autorización clara y verificable de quienes son gobernados; así, legítimo no equivale a efectivo. Esa idea devuelve la política al terreno moral: el mandato exige aceptación y puede perder validez si se sostiene únicamente por la coacción o la inercia.

Contexto histórico y repercusiones prácticas

Proveniente del discurso republicano del siglo XIX, la noción enlaza con el contrato social que buscaba anular gobernantes autócratas y justificar instituciones representativas. En clave contemporánea implica procedimientos —votos, leyes, controles— que materializan la concesión. También plantea problemas: la “concesión” puede ser simulada por manipulación o apatía, y la legitimidad debe proteger minorías y límites institucionales para no convertirse en mero voluntarismo mayoritario. La autoridad, por tanto, exige renovación constante, transparencia y mecanismos que la sostengan más allá de la retórica.