La prioridad de la disuasión sobre las causas sociales

Burger plantea que la celeridad y la certeza de la respuesta penal crean un mayor efecto preventivo que medidas como la erradicación de la pobreza. La idea central sostiene que la percepción de un castigo rápido y inevitable altera conductas: el riesgo percibido disuade mejor que las mejoras materiales. Esa visión privilegia la eficacia inmediata del sistema judicial y la lógica del orden público por encima de políticas socioeconómicas a largo plazo.

Contexto histórico y tensiones éticas

Dicha afirmación surge en debates de finales del siglo XX sobre criminalidad y política represiva, en los que se buscaba restaurar el control social mediante penas rápidas. Las implicaciones políticas son claras: apoyo a mayor fiscalización y procesos expeditos. Al mismo tiempo aparecen dilemas morales y prácticos, como el peligro de sacrificar garantías procesales, la desigualdad en la aplicación de la ley y la posible sustitución de prevención por castigo. Cualquier apuesta por la rapidez exige, por tanto, un escrutinio riguroso sobre justicia y equidad.