Enmarcando la demanda

Serrano sostiene que las normas migratorias deben proteger primero la integridad de las familias y actuar con sentido práctico cuando se aplican. Hablando desde la experiencia legislativa en el debate público sobre deportaciones y separaciones, enfatiza el coste humano de decisiones automatizadas: hijos que pierden a un cuidador por una sanción legal. La frase coloca la vida cotidiana de las personas como criterio moral frente a tecnicismos administrativos.

Consecuencias y desafíos

La propuesta implica reformar procedimientos para incorporar discreción humanitaria, medidas alternativas a la detención y mayor coordinación entre servicios sociales y migratorios. Políticamente exige equilibrio entre control fronterizo y protección familiar, y éticamente plantea quién soporta el daño de una aplicación estricta de la ley. Adoptarla supone convertir la compasión en política pública, con cambios legales y voluntad institucional.