Redistribuir los frutos del progreso

Plantea que una sociedad decente debería destinar una parte de sus mayores ganancias a mitigar el sufrimiento de quienes soportan los costos de producir esas ventajas. Allí se articula una ética de responsabilidad colectiva y solidaridad: cuando la prosperidad se sostiene sobre el trabajo, el riesgo o el daño concentrado en unos pocos, la legitimidad de esa prosperidad exige reparación y compensación. La relación entre riqueza y deber queda así definida como una obligación moral hacia quienes pagan el precio.

Implicaciones para política y justicia

La idea encaja en debates sobre impuestos progresivos, compensaciones por externalidades y redes de protección social: medidas que redistribuyan y hagan que los costos no recaigan siempre en los mismos. También implica tensiones prácticas entre eficiencia económica y justicia distributiva, además de resistencia política de quienes se benefician del statu quo. Éticamente plantea evaluar qué tipo de comunidad vale la pena sostener y qué mecanismos estamos dispuestos a aceptar para equilibrar beneficios y cargas.