Ley y legitimidad

Reconoce que, según el derecho inglés, su acción conlleva pena capital, pero contrapone esa sanción a la trayectoria histórica irlandesa que explica su conducta. La tensión aquí no es meramente legal: plantea una defensa moral que convierte un acto tipificado como crimen en reacción política. El autor sitúa la justicia formal frente a la justicia interpretada por la experiencia colectiva, sugiriendo que la ley impuesto por un poder extranjero puede quedarse corta para comprender la motivación de los insurgentes.

Memoria, culpabilidad y política

El contexto político del siglo XIX —hambre, represión y nacionalismo— hace que la historia funcione como argumento legitimador. Eso tiene implicaciones prácticas y éticas: la memoria nacional puede sostener reclamos de legitimidad y, al mismo tiempo, enturbiar la frontera entre resistencia y violencia justificada. La frase obliga a preguntarse quién define el delito y cómo las narrativas históricas moldean la responsabilidad política.