Autoridad y responsabilidad judicial

La proposición plantea que los tribunales y las policías asuman la función de identificar y notificar a extranjeros indocumentados que cometan delitos, aplicable sin distinción de raza u origen. Ese encargo transforma al sistema penal en un brazo activo de la política migratoria: se sugiere que la administración de justicia actúe a la vez como verificador de estatus y como canal hacia agencias federales. Esa mezcla altera la lógica tradicional de responsabilidades entre gobiernos locales y federales.

Consecuencias prácticas y políticas

En lo inmediato, aumenta el riesgo de perfilado y de desconfianza comunitaria, porque la experiencia muestra que las garantías formales igualitarias no evitan prácticas selectivas. También puede generar fricciones legales entre órdenes de gobierno, desviar recursos hacia controles migratorios y reducir la disposición de testigos o víctimas a acudir a la policía. Cualquier propuesta así exige claridad jurídica, límites procesales y mecanismos de supervisión para proteger derechos y mantener la seguridad pública sin erosionar la confianza ciudadana.