Defensoría del orden y los derechos

La frase sitúa al Departamento de Justicia como última instancia responsable de garantizar que las leyes protejan a todas las personas dentro del territorio nacional. Implica una visión en la que el departamento actúa como garante frente a abusos locales o fallos institucionales, interviniendo para defender derechos civiles, perseguir delitos federales y mantener la integridad del sistema legal. Esa función supone autoridad práctica y moral para corregir desigualdades cuando otras instancias fallan.

Riesgos de politización y equilibrio institucional

Dicha expectativa carga al Departamento con una gran responsabilidad y plantea preguntas sobre su independencia. Quien lo ve como protector final asume que actuará con imparcialidad; si se politiza, puede convertirse en herramienta de poder en lugar de freno. El contexto legislativo y la figura de quien lo reclama sugieren una demanda de mayor vigilancia pública y de contrapesos fuertes, para que la defensa de la ciudadanía no dependa de intereses partidarios sino de normas y transparencia.