Condena a quienes diseñan la instrucción pública

Purvis plantea que confiar en la bondad de quienes gobiernan la educación es un acto de ingenuidad moral; su reproche apunta a decisiones que priorizan poder y prejuicio sobre el bienestar de los niños. En el contexto abolicionista del siglo XIX, esa crítica denuncia cómo políticas, currículos y recursos se emplearon para perpetuar jerarquías raciales. Aquí lo relevante no es solo la gestión administrativa, sino la evidencia de que la falta de humanidad puede estar institucionalizada: la política sirve como instrumento de opresión cuando quienes mandan carecen de empatía real.

Consecuencias para la lucha por la igualdad educativa

El alcance práctico es claro: no basta corregir procedimientos, hace falta transformar quién decide y con qué valores. La desconfianza hacia las autoridades impulsa la creación de escuelas autónomas, la vigilancia ciudadana y la exigencia de rendición de cuentas. Así, la observación de Purvis obliga a considerar la educación como campo político y moral donde se juega la justicia social, y a recordar que las reformas duraderas nacen de cambiar estructuras y prioridades, no solo de buenas palabras.