Alcance jurídico y pretensión de eficacia

Plantea que, tras un acto formal internacional, los Estados firmantes quedarán obligados a entregar a una persona solicitada sin recurrir al procedimiento ordinario de extradición. Al invocar a la Carta de la ONU, sitúa la decisión en el plano de las obligaciones colectivas y sugiere una vía más directa que los trámites bilaterales habituales. La frase proyecta una imagen de prioridad del derecho internacional sobre mecanismos internos cuando se activa esa figura acusatoria.

Tensiones prácticas y riesgos políticos

La propuesta implica transferir capacidad decisoria desde tribunales nacionales a instancias internacionales o acuerdos multilaterales, con el consiguiente impacto sobre la soberanía y las garantías procesales. Puede acelerar la cooperación judicial, pero también abre la puerta a instrumentalizaciones políticas y choques con normas constitucionales o derechos humanos. Cualquier sistema así exige salvaguardas claras: transparencia en la acusación, controles jurisdiccionales y mecanismos de tutela para evitar arbitrariedades.