Responsabilidad de las élites

Sostiene que la violencia surge de decisiones y estructuras vinculadas a quienes concentran poder económico y político. La idea apunta a la violencia estructural: leyes, prácticas laborales, políticas económicas y mecanismos de control que producen daño prolongado y desigual. La acusación no queda en lo simbólico; implica que el daño social puede estar organizado desde arriba, encubierto por normas, contratos y aparatos del Estado.

Consecuencias públicas y morales

Que una persona identificada con el mundo empresarial pronuncie este juicio añade tensión al mensaje: proviene desde dentro de la categoría señalada. Eso abre dos vías posibles, entrelazadas: reconocimiento y rendición de cuentas, o intentos de desplazar responsabilidad hacia objetivos concretos para preservar el sistema. En la práctica exige revisar quién decide, cómo se reparan daños y qué límites se ponen al ejercicio del poder para reducir desigualdades que terminan traducidas en coerción y sufrimiento.