El cálculo práctico

Rick Mercer sitúa un dato concreto —cientos de millones destinados a organizar comicios— y lo convierte en una observación pragmática: aceptar ese gasto como el precio de que millones participen políticamente. La frase recoge la idea de que la logística, la infraestructura, la seguridad y la administración de votos tienen un coste real y que, desde un punto de vista gestional, esos recursos son el contrapunto necesario a la legitimidad del proceso electoral. Hay aquí una mezcla de ironía y realismo que reconoce la magnitud del desembolso sin desdeñar su función.

Tensiones y preguntas

Aceptar el gasto público como inevitable abre preguntas sobre distribución y eficacia. ¿Se invierten bien esos fondos? ¿Garantizan igualdad de acceso o sirven para sostener maquinaria partidaria? También hay un dilema moral: valorar la participación democrática no exime de exigir transparencia y reformas que reduzcan ineficiencias y prácticas clientelares. La reflexión termina siendo una llamada implícita a equilibrar costes con calidad democrática.