Autoridad y mandato divino

Para muchas iglesias bautistas la figura del magistrado civil tiene una legitimidad que trasciende lo meramente funcional: se le concede un mandato moral que, según esa perspectiva, proviene de Dios para contener y sancionar el mal. Esa idea remite a tradiciones teológicas que articularon un orden social donde la ley y la autoridad pública participan de una finalidad ética; el castigo aparece así como una herramienta ordenada y necesaria para el mantenimiento del bien común, no como mera venganza.

Límites y tensiones prácticas

Aceptar que la autoridad civil esté ordenada por Dios implica preguntas sobre límites, pluralismo y proporcionalidad. La doctrina puede legitimar la acción estatal en defensa de la justicia, pero también abre la puerta a interpretaciones que conflijan con derechos individuales y diversidad confesional. En contextos democráticos modernos, resulta crucial traducir esa convicción en políticas que respeten la ley común y eviten el uso religioso del poder como excusa para coerciones arbitrarias.