“La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violación de los derechos humanos. No es algo que ninguna cultura, religión o tradición deba aprobar.”

Alcance ético y humano

La autora afirma que la agresión dirigida a mujeres transgrede los principios básicos que sostienen la convivencia: la seguridad, la autonomía y la dignidad. Desde ese punto de vista, cualquier justificación basada en costumbres, creencias religiosas o prácticas tradicionales pierde validez cuando vulnera la integridad de una persona. El enunciado reclama una universalidad de los derechos, no condicionada por identidades culturales ni por interpretaciones locales.

Responsabilidades políticas y culturales

Quien pronuncia esas palabras habla desde la arena pública y de derechos, con consecuencias prácticas: obligaciones legales, políticas de prevención, acceso a justicia y reparación para las víctimas. También plantea un desafío cultural, porque transformar normas sociales exige educación, recursos y voluntad institucional. Cuando una sociedad admite excepciones, diluye la protección; reconocer la prohibición absoluta obliga a actuar con claridad y con medidas concretas.