Principio declarado por la institución pública

La afirmación plantea una norma moral clara: la administración pública debe regir por la igualdad y el trato justo, sin que el color de la piel o el origen condicionen decisiones oficiales. Tiene el tono de una proclamación ética que busca establecer un estándar para quienes ocupan cargos de poder, poniendo la imparcialidad como requisito fundamental del mando público. En ese sentido funciona como un recordatorio de que la legitimidad del Estado depende de aplicar la ley sin privilegios ni discriminaciones.

Discrepancias entre palabra y práctica

Dicho en quien fue fiscal general del país, el enunciado adquiere carga política: se recibe tanto como compromiso como defensa ante críticas por políticas migratorias y de justicia penal. La tensión aparece cuando las prácticas institucionales no coinciden con la retórica, lo que obliga a evaluar acciones, reglamentos y resultados judiciales. Mantener la promesa exige transparencia, supervisión y sanciones cuando el trato diferencial se materializa en decisiones administrativas o legales.